Se destapa la cloaca, la administración de Oscar Berger apesta.

Lo hemos dicho en diferentes columnas que la administración de Oscar Berger 2004-2008 apesta a corrupción, están comenzando a salir las anomalías cometidas con recursos del pueblo, y fueron tan descarados que se despacharon con la cuchara grande en detrimento de un pueblo que clama por salud, educación, tierras y vivienda.

Apenas han salido algunos de los actos corruptos de esa vergonzosa administración, los gobiernos anteriores son cuentos de hadas a la par de lo que se vislumbra, y para que se enteren de algunos actos que apestan publicamos a continuación un reportaje de Paola Hurtado en el diario El periódico de circulación nacional.

Facturas de recreación que no son divertidas
La intención de comprar un asta por Q100 mil fue solo el iceberg de las anomalías de un contrato millonario y sobrevalorado que el Ministerio de Trabajo aprobó para remodelar un centro vacacional.

Por: Paola Hurtado

Atanasio Tzul, Xela
La remodelación del centro se adjudicó en 2006, días antes de la renuncia de Jorge Gallardo. El contrato inicial fue de Q2 millones 361 mil. Antes hubo uno de Q73 mil por pintura.

Casa Contenta, Sololá
Se remodelaron 5 áreas por Q1.6 millones. La Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado pidió una auditoría. La Contraloría General de Cuentas resolvió que todo estaba en orden. Las lavadoras y secadoras que se compraron después por Q450 mil no funcionan por falta de conexión.

Ninfas, Amatitlán
Le compraron vehículos por Q774 mil; pintura, por 205 mil; juegos de madera y acuáticos, por 408 mil y lo remodelaron por 2.1 millones con la empresa Solera. El pago por la ampliación del presupuesto de la obra, por Q206 mil, fue suspendido esta semana por las nuevas autoridades.

Desde la carretera se mira muy bonito: hileras de cables colgantes y dos suntuosas torres que emulan al puente Golden Gate, de San Francisco. Pero la pasarela no comunica a ninguna península: solo atraviesa una modesta piscina.

Las estructura forma parte de la remodelación del centro recreativo y vacacional Guayacán, en Chiquimula, uno de los seis proyectos que administra el Ministerio de Trabajo para la diversión de los trabajadores del Estado, equivalentes a los parques del Irtra del sector privado.

Guayacán está a un lado de la ruta que lleva a Esquipulas, y se inauguró el 13 de diciembre de 2007 en un discreto acto. La ampliación de una piscina, la construcción de un edificio de 2 pisos, la remodelación de 2 de 12 bungalows, un paso de peatones y otro de vehículos le costaron al Estado y a sus empleados Q9 millones 960 mil, a través de un contrato que generó denuncias desde su licitación.

No es la única obra que está bajo la lupa de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y de las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo. “Encontramos aquí un gran desorden”, dijo el titular de la cartera laboral, Édgar Rodríguez, poco antes de anunciar que las operaciones del Programa del Adulto Mayor serían auditadas con urgencia. El programa maneja Q253 millones y sus operaciones fueron restringidas la semana pasada por las anomalías que le detectaron: ancianos que cobran varias pensiones, por ejemplo, y beneficiados que son familiares de ex funcionarios.

Dudas desde la adjudicación

Después de la puesta en marcha del Teleférico, que costó Q11 millones, Guayacán fue el proyecto más costoso que ejecutó el Ministerio de Trabajo durante la administración del presidente Óscar Berger.

La cartera publicó la licitación de la obra en enero de 2007 y participaron 9 constructoras. La cotización más alta ascendió a Q10 millones 100 mil, y la más barata, a Q6 millones 382 mil. Calsa, S.A. ganó la adjudicación, con una oferta de Q8 millones 300 mil.

Esa empresa obtuvo el mayor puntaje por parte de la junta de licitación, por encima de Cogefar de Guatemala, S.A. y la Constructora DIA. Los criterios para calificar a las constructoras no fueron publicados en el acta de adjudicación, como establece la Ley de Contrataciones del Estado. En esta, solo se mencionó que era la oferta más conveniente. No más.

Acción Ciudadana presentó el 16 de abril una inconformidad por esa adjudicación en el portal de Guatecompras, debido a una denuncia sobre vicios en el proceso. La organización no gubernamental señaló que se había violado el Artículo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado al no publicar los cuadros y detalles de la evaluación realizada a cada oferta, que incluyera los criterios de calificación y el puntaje de cada una.

El Ministerio de Trabajo declaró improcedente la queja, pero enmendó a medias su error: publicó en el sitio una hoja escrita a mano en la cual se indicaban las puntuaciones de las tres constructoras finalistas. Calsa no tenía el mejor puntaje por precio, pero sí por calidad y maquinaria.

El Ministerio nuevamente dejó en el limbo los criterios bajo los cuales concedió esas calificaciones.

Cogefar es una empresa que, en Colombia, ha ejecutado proyectos de US$300 millones, pero no era parte del gremio de constructores de Guatemala e intentaba conseguir su primera adjudicación estatal. Mientras que el proyecto más costoso que había trabajado Calsa para el Estado, desde 2004, rozaba los Q7 millones. Calsa es una constructora conocida por distribuir gaviones (muros de mallas para detener piedras) y participar en licitaciones de tramos carreteros.

El proyecto arrancó con base en un contrato de 22 hojas, en el cual Calsa se comprometió, entre una lista de obras, a instalar un asta de bandera con un costo de Q99 mil 961. En Guatemala no hay ninguna empresa que realice trabajos de herrería que venda astas a ese precio. La cotización más cara -que proporcionó un contratista a elPeriódico- fue de Q15 mil por un asta de acero inoxidable.

No se pudo conseguir un lava trastos de Q13 mil 988 como el que se colocó en un bungalow. Y los inodoros, como la docena que se instaló en el complejo, cuestan al detalle Q500, no Q1, 550.

Una auditoría operativa e interna realizada en junio, señaló al ex ministro, Rodolfo Colmenares, una serie de anomalías en el expediente de la licitación en el que, extrañamente, no figuró la inconformidad de Acción Ciudadana.

La auditora resaltó nuevamente la ausencia de los cuadros de calificación y observó que los precios de la oferta ganadora no detallaron los materiales a utilizar, ni herramientas, ni mano de obra requeridas. Consideró otra violación a la Ley de Contrataciones el hecho de que dos miembros del Ministerio, el director administrativo, José Antonio Alvarado Goldman, y el director de la Unidad de Administración Financiera, Ciro Muralles Muralles, integraron la junta cuando “debieron excusarse por ser funciones incompatibles”.

La auditora también descubrió que el Ministerio pidió a Calsa que comprara un asta (por Q99 mil) de una marca y modelo que podían observarse en un sitio electrónico estadounidense. Especificar modelos y marcas es prohibido. Y resaltó que, debido a un mal cálculo en el nuevo costo oficial de la obra, se dejaron fuera ofertas que habrían favorecido al Estado.

En el expediente no hay respuesta del Ministro. Pero en agosto, la constructora dio la vuelta a su cotización y la redujo en un 42 por ciento a través de la modificación de la mayoría de rubros.

Luego, los precios aumentaron a través de numerosas órdenes de trabajo extra, hasta sobrepasar el monto aprobado. Remodelar Guayacán costó Q9 millones 960 mil, 19 por ciento más de lo aprobado en la adjudicación. Entre todas las modificaciones se anuló la misteriosa asta y se aumentaron significativamente otros rubros.

Los cambios se realizaron dentro de los márgenes que permite la Ley. No hubo ilegalidades, al menos hasta ahora no se han hallado. Sin embargo, un presupuesto que se realizó durante la administración eferregista, para el mismo proyecto, valoraba la obra en Q4 millones, según una fuente interna del Ministerio. No deja de generar sospechas de por qué, al margen de la inflación y el incremento de los materiales de construcción, el proyecto costó 149 por ciento más.

El escenario pertinente

Hasta antes de administrar el Programa del Adulto Mayor, la cartera de Trabajo era uno de los ministerios con menos presupuesto. De los Q68 millones que manejaba, Q30 millones de ellos estaban destinados a los centros recreativos, los cuales no tenían mejoras desde hacía más de una década. De esos Q30 millones, la mitad proviene de las cuotas de los trabajadores del Estado.

Jorge Gallardo, el primer ministro de Trabajo de la administración de Óscar Berger (y miembro del partido de Ricardo Castillo Sinibaldi –presidente del Irtra–), reinauguró el teleférico de Amatitlán en 2005. Remodeló las instalaciones del centro vacacional de Quetzaltenango y de Sololá. Su viceministro de Previsión Social, Rodolfo Colmenares, tenía a su cargo la Dirección de Recreación y, con ella, los Q30 millones que esta maneja.

Colmenares fue trasladado al viceministerio laboral y llevó consigo la cartera de Recreación. Y cuando Gallardo dejó el puesto , el 30 de septiembre de 2006, tres días antes de ser interpelado en el Congreso, asumió Colmenares y trasladó, por tercera vez, la recreación al viceministerio administrativo, a cargo de Jorge Nichols López, su hombre de confianza, según empleados del Ministerio.

Colmenares y Nichols continuaron las remodelaciones en los centros de Amatitlán y Chiquimula. El Ministerio cerró 2007 con una diligente ejecución del 98 por ciento de su rubro de recreación: Q34 millones 431 mil gastados. Sin embargo, detrás de esos contratos y de otros proyectos que manejó la cartera, hay un tejido finamente urdido, pero sobre bases de papel.

Carros, motos y vales

Rodríguez, el actual ministro, está tratando de averiguar en qué y para quiénes se utilizaron vales de gasolina por un monto de Q273 mil.

En pláticas informales con empleados de esa cartera, no resulta difícil deducirlo. Colmenares tenía seis vehículos a su disposición, varios de ellos para sus familiares, con pilotos incluidos. Nichols disponía de cinco. A menudo, esos carros eran utilizados los fines de semana para actividades no oficiales.

La administración de Colmenares compró 40 motocicletas y muchas de ellas están arrinconadas en el sótano del edificio porque no tienen piloto. También se adquirió equipo de computación que no se utiliza. Seis vehículos para el Programa del Adulto Mayor, 8 carros tipo jeep y 18 picops de doble cabina para la dirección de recreación son, entre otros contratos, objeto de auditoría.

El ministerio también firmó un convenio con la Universidad Galileo para que su personal cursara estudios superiores. El costo inicial era de Q200 mil, y cuando ya estaba acordado, el monto se elevó a Q1 millón. Según una fuente del Ministerio, el Consejo Técnico dictaminó que no procedía el pago, pero se hizo efectivo. El director de la escuela técnica de la Galileo es Carlos Arandi Klee, tío de Rodolfo Colmenares Arandi. También fue confirmado que el yerno de Colmenares, Arturo Morales, es el subdirector del Programa del Adulto Mayor.

En el ministerio abundan los rumores de que personal de la institución prestaba facturas para algunas compras, que las juntas de licitación y cotización adjudicaban las obras según ordenaban las altas autoridades del Ministerio, las cuales tenían tratos previos con algunas constructoras. Nada de esto ha sido comprobado. Entre los pocos cambios de personal administrativo figura la renuncia de José Alvarado Goldman, y el director general de Recreación, Ramsés López Anzueto. El ministro Rodríguez se enteró que el día que él tomaba posesión del cargo, los anteriores viceministros intentaban firmar, a toda prisa, un traslado de Q29 millones para el subsidio de transporte urbano.

“No he dicho que aquí haya habido robo, porque no tengo evidencias. Pero lo que puedo asegurar es que todo el Ministerio está en total desorden”, señala Rodríguez. “Me temblaron las rodillas cuando vi lo que había en el Programa del Adulto Mayor, y por eso le pedí a la Contraloría que se focalizara en eso”, agrega. La CGC no ha adelantado avances de la auditoría. Hará público el informe de toda la cartera en junio.